A partir de la aprobación de la “Ley de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil” en el Congreso estadounidense en 2014, y seguidamente, con el Decreto de Obama, que declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”, se inició una guerra multidimensional contra nuestra Patria.
Las Órdenes Ejecutivas y demás medidas extorsivas son un arma de guerra que ha perfeccionado los mecanismos para estrangular a la población, siendo los blancos las finanzas públicas, PDVSA, y el sector alimentario y de salud.
Con la llegada de la pandemia global causada por el Covid-19, Washington no ha dejado de mejorar los mecanismos de asfixia contra Venezuela, asumiendo que el bloqueo criminal ha mermado la capacidad de respuesta del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para atender la emergencia sanitaria.
La Revolución Bolivariana en los últimos años ha entrado en una guerra de desgaste en la que a cada medida implementada para sortear las dificultades surge una contraofensiva. Desde la instalación del gobierno ilegal apoyado por Estados Unidos el despojo de activos fue mayor y las consecuencias también.
¿Por qué la Ley Antibloqueo?
Ante este escenario, el presidente Nicolás Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Proyecto de Ley Antibloqueo. El instrumento jurídico y político crea un marco para orientar una salida a la situación económica impuesta por las medidas coercitivas unilaterales.
Durante la presentación del proyecto de Ley ante el poder plenipotenciario, el Presidente enfatizó que ante el daño económico, la respuesta del Estado debe estar a la altura del momento histórico. Teniendo en cuenta el bloqueo en su dimensión real, la prioridad es reconstruir los ingresos familiares a través de los métodos que sean necesarios para revertir la coyuntura.
Para esto es necesario que se reactiven las capacidades productivas, las inversiones nacionales e internacionales y activar canales para que el país puede comerciar libremente. Las sanciones han dificultado las relaciones comerciales y financieras con otros países y socios internacionales. Por eso se requiere de otras vías para el ingreso de insumos (en los que aún no podamos independizarnos), y también para la exportación.
“Impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones, asumiendo como prioridad el estímulo y la implementación de los 15 motores económicos productivos de la Agenda Económica Bolivariana”, refiere la Ley en su artículo 16.
La voluntad del Gobierno se centra en estos momentos en la producción de alimentos necesarios para abastecer a la población. Si bien una de las grandes tareas de la Revolución Bolivariana ha sido la activación del aparato productivo, el actual bloqueo y contexto pandémico hace que esto sea una necesidad apremiante.
Reactivación del motor agroalimentario
En enero de 2016, el Gobierno lanzó la Agenda Económica Bolivariana con 17 motores productivos, cuyas líneas estratégicas estaban orientadas a “desmontar los sistemas y subsistemas de la guerra económica a través de todos los niveles de gobierno, superar los mecanismos de dependencia del rentismo petrolero y convertir dichos motores en ejes para impulsar la producción”.
En esa oportunidad este último punto estaba orientado a fijar un nuevo esquema de precios y crear nuevos sistemas de distribución. En ese momento ya se veían los primeros signos de la guerra a través de la fijación del precio del dólar paralelo.
La Ley Antibloqueo viene a darle continuidad al motor agroalimentario, pero en un nuevo contexto y con otras novedades: la confidencialidad y la divulgación limitada de información es parte de estas.
En agosto del 2020, el Presidente convocó a extitulares del despacho, campesinos, productores del campo y al Estado Mayor Nacional Agrario para debatir estas líneas y políticas de acción del relanzamiento de la Gran Misión Agricultura, que se centrará en ocho vértices: tierra, semilla, bioinsumos y fertilizantes, implementos, poder popular, financiamiento a través del Petro; un plan de producción, procesamiento y distribución; y desarrollo e innovación.
La tarea es garantizar la siembra de un millón de hectáreas, y superar esa meta a finales del presente año, a través de otras formas de financiamiento y que incluya a diversos sectores de la sociedad, bajo una Ley que respalda la garantía de la producción nacional.
La Ley Antibloqueo se apega a la Constitución, y se adapta a las circunstancias para avanzar en la superación de la guerra total que se aplica unilateralmente por parte de EEUU y sus países satélites.
A un año de la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, Venezuela celebra el aniversario de esté instrumento constitucional que permite el desarrollo productivo y estratégico de la nación para fortalecer la protección del ingreso, los programas sociales y los servicios públicos.
