ONU vuelve a rechazar las sanciones y bloqueos. El miércoles 22 de septiembre, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutiérrez, presentó en el 76 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, un informe que expone la posición de un grupo de Estados miembros ante el uso de restricciones económicas unilaterales extraterritoriales por parte de algunos países.
El informe resalta la ilegalidad de este tipo de prácticas, que se reducen a alguna forma de medida coercitiva y asfixia económica, que violan las normas básicas del derecho internacional humanitario y crean un sentimiento de toxicidad e intimidación en torno al país objeto de las restricciones y sus entidades.
El documento recoge algunos datos del informe presentado por la Relatora Especial Alena Douhan, en su visita a Venezuela, tomando como ejemplo el bloqueo de fondos económicos para atender la emergencia sanitaria producto de la Covid-19 en el país.
Cita el informe : “Debido a las restricciones financieras impuestas a Venezuela se han bloqueado los pagos por parte de sus autoridades para la compra de vacunas rusas y chinas para la Covid-19”.
Varios países rechazaron en sus intervenciones ante la Asamblea General las medidas extorsivas que se imponen unilateralmente. La República Árabe Siria se afirmó que las MCU impiden que se atiendan las necesidades básicas de la población. Asimismo, detalló que un aproximado de 64 millones de dólares de propiedad siria están actualmente congelados por bancos europeos.
El país árabe también denunció que la imposición de medidas coercitivas por parte de autoridades de la Unión Europea y Estados Unidos, dirigidas al sector bancario (Banco Central de Siria, al Banco Comercial de Siria, y la congelación de los activos en el extranjero) han socavado la capacidad de la República para financiar la compra de productos básicos y vitales. Cuba y Venezuela se unieron a la denuncia respecto la ilegalidad y el carácter criminal de las MCU y exigieron el levantamiento de todas las sanciones.
Este aspecto ha hecho más difícil que otros países puedan suministrar productos básicos y ha ocasionado aumento de precios y los costos de transporte, obligándolos, en muchas ocasiones a cancelar contratos de suministro celebrados o a abstenerse de vender materiales a empresas e instituciones de Siria por temor a ser objeto de sanciones debido a sus relaciones con dichas empresas o instituciones.
Siria demanda: “La ONU debe tener una posición más firme frente a la imposición de medidas económicas unilaterales, que contradicen su Carta, y deben ejercer su poder para pedir a los países que imponen medidas coercitivas unilaterales que las levanten sin condiciones previas”.
