A través de un comunicado oficial, más de 800 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y populares exhortaron a altos cargos de Naciones Unidas solicitar a Estados Unidos el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) y destacan el impacto negativo de estas restricciones en el disfrute de los derechos humanos.
El documento, avalado por 847 firmas, entre ellas 267 ONG de Venezuela y otros países, señala que las numerosas restricciones unilaterales que el gobierno de los Estados Unidos viene aplicando desde 2014 “configuran un delito de lesa humanidad, ya que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho internacional y el principio de autodeterminación del pueblo” refiere el llamamiento.
Durante los últimos años, el gobierno estadounidense y la Unión Europea, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus de la Covid-19, obstaculizando la compra de vacunas requeridas impidiendo el acceso a sus propios recursos depositados en la banca privada internacional.
El comunicado expresa la ilegalidad de la aplicación de MCU a Venezuela como acciones que implican un bloqueo de facto e impide el acceso a los medicamentos, alimentos, combustible, servicios, e infraestructura esencial, con el fin de atacar la economía venezolana para acrecentar la presión sobre el país, y en particular provocar una crisis en materia de salud agravada por el contexto de la pandemia de la Covid-19.
A su vez, los firmantes ratifican su posición de solidaridad con el pueblo de Venezuela, y condenan la posición del actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden, de mantener la política sancionatoria de su antecesor Donald Trump hacia Venezuela como condición para mantener al Gobierno Bolivariano en la mesa de diálogo, “un proceso ilegal que constituye una violación al Derecho internacional” según lo establecido en la Resolución 2625 de la Asamblea general de la ONU”, destaca el comunicado
Finalmente, el Comunicado honra el informe realizado por la Relatora Especial, Alena Douhan en su visita a Venezuela y respalda la virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales.
Lee el Comunicado completo aquí.
