Un grupo de abogados y organizaciones jurídicas del mundo solicitaron mediante una carta al Gobierno de Joe Biden, poner fin a la aplicación de sanciones económicas y financieras unilaterales, ya que a su juicio estas acciones afectan directamente los Derechos Humanos de la población civil en casos notables como los de Cuba, Irán, RPDC, Siria y Venezuela, expresando que son una clara violación del Derecho Internacional concebido en el Convenio de Ginebra y de la Organización de las Naciones Unidas.
Mediante el documento firmado por 40 organizaciones legales y 200 abogados señalan que “las sanciones económicas generalizadas pueden desencadenar y prolongar crisis económicas, obstaculizar el acceso a bienes esenciales como alimentos, combustible y medicamentos, y aumentar la pobreza, el hambre, las enfermedades e incluso las tasas de mortalidad, especialmente entre los niños”.
Pese a esto, los gobiernos sancionadores alegan que dichas medidas son aplicadas directamente a los diferentes Gobiernos y no a su población, pero la realidad es que no solo los funcionarios de los Estados se ven afectados si no el pueblo en general, a su vez estas condiciones suelen provocar migraciones masivas, como en los recientes casos de Cuba y Venezuela.
“Como miembros de la comunidad jurídica, pedimos a Estados Unidos que cumpla el derecho internacional vigente poniendo fin al uso de amplias medidas coercitivas unilaterales. Setenta y cinco años después de las Convenciones de Ginebra, el castigo colectivo debe terminar” subraya la carta.
Entre los firmantes se destaca la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los DDHH en el Mundo (ELDH), Human Rights Advocates de Estados Unidos, Haldane Society of Socialist Lawyers de Reino Unido y demás organizaciones. También se sumaron académicos y juristas de universidades como Harvard, Yale, Ucla y University of New York, entre otras.
Afectaciones en Venezuela
Como dice la carta, Venezuela desde el año 2014 a sido objeto de Medidas Coercitivas Unilaterales, que hasta la fecha acumula un total de 930 MCU. La aplicación de sanciones ha perjudicado severamente el comercio exterior, la producción petrolera y a economía pública y privada del país trayendo como consecuencia una reducción drástica del PIB; los severos impactos económicos han forzado de una migración masiva hacia países del continente, lo que afirma una vez más, que la política de sanciones afecta directamente a la población.
Cabe destacar, que la población venezolana padece el efecto de las sanciones, ocasionando muertes por la falta de insumos médicos como por ejemplo el bloqueo del pago para la Vacunas contra el Covid-19 en el año 2020, también viéndose perjudicada la importación de alimentos, equipos e insumos básicos para la prestación de servicios públicos.
En 2020 Venezuela aprobó una Ley Antibloqueo para buscar fórmulas que le permitan enfrentar la agresión económica. Tras el fin de la pandemia, desde 2021, la economía venezolana ha comenzado a crecer aún sin que se levante el amplio programa de sanciones que pesan sobre la nación.
Véase la carta aquí
