
Al intervenir en la jornada inaugural del Foro Mundial de la Alimentación, que tiene lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, la presidenta Delcy Rodríguez anunció la activación del “Plan Venezuela Alimenta”, una iniciativa estratégica orientada a articular todos los sectores productivos del país.
Rodríguez destacó que este nuevo plan busca consolidar y optimizar la cadena de producción de alimentos en todo el territorio nacional, engranando el esfuerzo productivo local con las redes de distribución social. Esta iniciativa de Estado articulará de forma integral la producción nacional, la ciencia aplicada y la inversión pública e institucional, con el objetivo de alcanzar la meta de Hambre Cero antes del año 2030.
Derecho humano esencial
En su discurso, la presidenta encargada afirmó que el acceso a la alimentación constituye un derecho humano esencial, indisolublemente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo de cada individuo.
“Venezuela llega a este evento con una convicción profunda: la alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas”, aseveró Rodríguez.
Destacó que para hacer efectivo este derecho no bastan las declaraciones de principios, sino que es necesario desarrollar políticas públicas inclusivas y sostenidas, respaldadas por inversión productiva, financiamiento, transferencia de ciencia, tecnología e innovación.
Dijo que la sostenibilidad agroalimentaria debe tener como premisa la paz y la construcción de un sistema internacional capaz de cooperar de forma solidaria, más allá de las diferencias políticas o ideológicas entre los Estados.
“Los alimentos jamás deberían convertirse en instrumento de presión o confrontación política. Allí donde existen diferencias entre Estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer. Y allí donde existe hambre, nuestra responsabilidad común debe ser encontrar soluciones”, expresó.
Logros de Venezuela pese a las sanciones
La presidenta recordó que en 2013 la FAO otorgó un reconocimiento histórico a Venezuela, por haber alcanzado de manera anticipada las metas internacionales de erradicación del hambre, tras reducir la subalimentación de un 14,1 % en 1990 (2,8 millones de personas) a menos de 5 %.
No obstante, dijo que esa senda de progreso social fue gravemente vulnerada por la combinación de una intensa confrontación política interna y, de manera determinante, a partir de 2017, por la imposición progresiva de más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y otros países.
La jefa del Estado precisó que, en el ámbito estricto de la cadena agroalimentaria, las sanciones ilegales generaron una afectación directa del 16 %, lo que impidió el acceso al crédito internacional, la adquisición de insumos esenciales, semillas, maquinaria, repuestos y componentes tecnológicos indispensables para el sostenimiento de los motores productivos.
Esta agresión sistemática provocó una severa crisis de abastecimiento que golpeó a toda la sociedad venezolana, obligando a la nación a iniciar un proceso de reconstrucción soberana basado en el rescate de la tierra, el apoyo a los productores locales, los pescadores artesanales y la preservación de los saberes ancestrales e indígenas.
Estabilidad y repunte productivo
Rodríguez resaltó que Venezuela ha logrado revertir este escenario de asfixia a través del diálogo político nacional con sectores de la oposición y los acercamientos diplomáticos con el Gobierno de Estados Unidos, factores que permitieron avanzar hacia la estabilidad política como condición indispensable para producir y crecer.
En ese sentido, vinculó este clima de convivencia y recuperación económica con el proceso de transformación institucional que vive el país, en el que se prioriza la seguridad jurídica como piedra angular para atraer inversiones y modernizar el aparato productivo nacional.

