El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) renovó Licencia General 8I, la cual autoriza a cinco petroleras estadounidenses sólo mantener actividades administrativas en Venezuela, hasta el 01 de junio del 2022 y prohíbe a dichas compañías operar en el sector petrolero del país.
Según Licencia General publicada por la OFAC el pasado miércoles 24 de noviembre, se autoriza a ciertas empresas de capital estadounidense, a mantener actividades para el “Mantenimiento Limitado Esenciales en Venezuela” en las que involucren a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Hoy EEUU renovó la Licencia 8I del régimen de sanciones contra Venezuela. Créanlo o no esta "licencia" prohíbe a 5 petroleras estadounid. operar en Venezuela: explorar, transportar o comercializar hidrocarburos. Sólo autoriza a tener una oficina en Venezuela y pagar el condominio pic.twitter.com/4rrWGRGy6m
— William Castillo Bollé (@planwac) November 26, 2021
Las empresas a las que el Departamento del Tesoro aplica las medidas son: Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International Public Limited Company.
El documento limita exclusivamente a dichas compañías a participar en actividades administrativas como: participación en reuniones de accionistas; pagos de facturas de terceros; el pago de impuestos locales y la compra de servicios públicos en Venezuela, entre otros. La nueva decisión ratifica la política de “sanciones” o medidas coercitivas unilaterales (MCU) que ejecuta Estados Unidos contra Venezuela y PDVSA desde hace siete años, y ha que afectado severamente la industria petrolera venezolana y la economía nacional.
Pese a denoninarse “licencia” esta medida especifica clarmente que no están autorizadas las actividades relacionadas con la extracción y exportación de petróleo: la perforación, el levantamiento o el procesamiento, la compra o la venta, el transporte o el envío de cualquier petróleo o producto petrolero de origen venezolano, la provisión o recepción de seguros o reaseguros sobre operaciones petroleras en Venezuela, entre otros.
El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados han provocado una disminución del 99% en los ingresos de su país afectando gravemente la calidad de vida de la población venezolana.
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