Caso Venezuela II

La República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el estatuto de Roma, remite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) los hechos que han constituido los crímenes de lesa humanidad desde el año 2014.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, insta a atenuar o suspender las sanciones tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender la vida de millones de personas en los países sancionados.

Venezuela demuestra ante la CPI el impacto del bloqueo criminal en el control de la pandemia de la Covid-19 al denunciar la negación por parte de Citi Bank de los recursos depositados por 342 millones de USD para la compra de vacunas, equipos e insumos para atender a la población venezolana.

Expertos en Derechos Humanos de la ONU califican como un castigo contra la población inocente las sanciones adoptadas contra Venezuela y otros países.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ratifica la declaración de los especialistas de la ONU en materia de DD.HH, recalcando que las sanciones son crímenes de lesa humanidad que la CPI debe investigar.

Venezuela completa el ciclo para demostrar ante la CPI el impacto negativo que ha tenido el bloqueo en los sectores de la salud, la alimentación y la atención a la pandemia de la Covid-19.

La Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, pide que se levanten las sanciones selectivas aplicadas a Venezuela, esto en conformidad con los principios del derecho internacional, recordando que las sanciones no pueden utilizarse como un sustituto de las acusaciones penales.

El Consejo de Derechos Humanos adopta, por amplia mayoría, resolución sobre “Repercusiones negativas de las MCU en el disfrute de los Derechos Humanos”. El texto pide a los Estados abstenerse de imponer MCU por ser contrarias al derecho y a la paz.