República de Zimbabue

En 2003, tras las elecciones presidenciales en las que fue elegido presidente Robert Mugabe, Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) impusieron medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra personas, embargo de armas, aislamiento diplomático, sanciones financieras y al deporte, además de congelar activos de empresas del país.

Estas MCU contra empresas del país agravaron la pobreza en Zimbabue, debido a las dificultades para la adquisición de alimentos, atención sanitaria, suministro de gasolina, entre otras necesidades básicas. Igualmente, tales restricciones han imposibilitado el desarrollo de proyectos de purificación del agua, el acceso a fertilizantes agrícolas y a químicos para el control de plagas.

Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han negado a otorgar ayuda presupuestaria a Zimbabue, alegando que el país tiene un endeudamiento insostenible por no cancelar sus atrasos ni solucionar su profunda crisis social.

La Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), anteriormente denominada Mancomunidad Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), grupo de países formado mayoritariamente por excolonias británicas, suspendió a Zimbabue en el año 2002, luego de acusar al presidente Mugabe de cometer fraude para su reelección y de hostigar a sus oponentes políticos. En 2003, Zimbabue se retiró formalmente del grupo.

En los últimos años, la petición de Zimbabue de que sean levantadas las sanciones en su contra ha recibido apoyo de países como Sudáfrica, Rusia y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

República del Líbano

En el año 2007 –y con la excusa de “contrarrestar a personas que socavaban la soberanía del Líbano” y sean opuestas a los intereses de Estados Unidos e Israel–, se dictó la Orden Ejecutiva 13441, que impone un bloqueo de todos los bienes y propiedades que se encuentren dentro de EE. UU. a nombre de cualquier persona que pueda ser considerada como un riesgo para la soberanía libanesa, al igual que a las empresas que brinden ayuda financiera o que gestionen y permitan que el aparato financiero general de Hezbolá opere en territorio libanés.

Según la Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (Acnur, por sus siglas en inglés), la situación política de países vecinos víctimas de medidas sancionatorias como Siria y Palestina ha ocasionado un flujo masivo de refugiados libaneses, que alcanza casi 1,8 millones de personas, lo que convierte al Líbano en el país del Medio Oriente con mayor número de refugiados y añade una fuerte presión sobre su economía y la situación del país, devastada por las MCU.

Simultáneamente a la situación política, la crisis económica avanza. Las sucesivas depreciaciones de la lira libanesa a mínimos históricos —con pérdidas de hasta 15 % de su valor en un día— dificultan, cada vez más, las condiciones de vida de la población. Como consecuencia del acoso y el estrangulamiento económico, el producto interno bruto en 2020 decreció en 25 %.

La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estima que la pobreza multidimensional aumentó, de 25 % en 2019, a 82 % en 2021, con el 74 % de la población con ingresos inferiores a los 14 dólares diarios, producto de estas medidas. El balance muestra de forma inequívoca cómo las MCU ocasionan severos daños a la población de los países que son objeto de esas sanciones.

Estado de Libia

Desde el año 2011, Libia, país del norte africano, ha sido víctima de sanciones impuestas de manera unilateral por Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea (UE) y otros Estados. El país, que en el pasado reciente enfrentó procesos políticos de ocupación e invasión, en 2011 fue excluido del Sistema Financiero Mundial (Swift) y sufre el bloqueo de propiedades en acatamiento de la Orden Ejecutiva No. 13566, emitida por EE. UU., que prohíbe al Banco Central de Libia realizar cualquier tipo de trasferencia, pago, exportaciones, retiros y negociaciones.

En el año 2016, el corazón económico de Libia, la industria petrolera, es atacada a través de la Orden Ejecutiva No. 13726, que sanciona la explotación no autorizada de crudo o cualquier otro tipo de recurso natural en el país, además de generar obstáculos para la transición política o la instauración de un Gobierno de Acuerdo Nacional. Con estas medidas, las exportaciones de hidrocarburos, que representan más del 70 % del PIB y el 95% de las exportaciones totales, cayeron 90%.

La aplicación de medidas coercitivas unilaterales (MCU) trajo como consecuencia que, de los 6 millones de habitantes del país, un millón se encuentren en situación de necesidad y otros 500 mil estén desplazados. Según un informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, por sus siglas en inglés), 74 % de estas personas refugiadas y migrantes afirman haber sido testigos del asesinato o tortura de alguno de sus compañeros de viaje, mientras que 84 % señala que durante la invasión de Libia con frecuencia se les negaban el agua y los alimentos.

República de Sudán del Sur

En el año 2014, la República de Sudán del Sur fue objeto del bloqueo de sus fondos, embargo de armas y sanciones contra personas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, a raíz del referendo llevado a cabo en ese país sobre la separación de Sudán del Norte.

Tras estas sanciones, la situación de Sudán del Sur es vulnerable en términos de derechos humanos. La falta de combustible, de alimentos y medicinas convierten al país en una vasta zona de destrucción, desplazamientos, violencia, guerra, enfermedades, hambre y de mortalidad. Más de 8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria y protección. En los últimos 13 años, la tasa de inflación oscila entre el -6,7 % y el 380,0 %.

Mientras que el gobierno de Sudán del Sur rechaza este tipo de agresión como forma de resolver sus conflictos internos, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea, consideran que estas medidas coercitivas unilaterales son un instrumento importante para presionar en favor de una resolución del conflicto en el país africano, y por lo tanto se deben mantener.

En julio de 2017, el relator especial de la ONU, Sr. Idriss Jazairy (Argelia), dijo que “ha llegado el momento de que la comunidad internacional reafirme el principio de que todas las personas cuyo disfrute de los derechos humanos se haya visto afectado por medidas coercitivas unilaterales, tienen derecho a un recurso que incluya una indemnización financiera apropiada y efectiva”.

Cabe recordar que, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las naciones se han comprometido a adoptar medidas para promover el estado de derecho en el plano nacional e internacional y a garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

República del Sudán

Desde noviembre de 1997, Estados Unidos (EE.UU.), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a la República de Sudán, debido a los conflictos internos políticos. Estas medidas han limitado la posibilidad de mantener relaciones comerciales y de recibir fondos de los bancos para inversión. Las sanciones han conducido al pueblo de Sudán a la decepción y la desesperación, debido a las dificultades económicas que enfrenta el país.

El alcance y la gravedad de las sanciones unilaterales han interrumpido el comercio, así como las cadenas de suministro. Como consecuencia, se registra un incremento de precios en el combustible, los alimentos y medicinas, al tiempo que se encarece y dificulta el acceso a los servicios públicos.

Algunos medicamentos que se utilizan para salvar vidas desaparecieron. Otros, como vacunas contra las enfermedades epidémicas, escasearon drásticamente.

En febrero de 2015, el gobierno de Sudán exhortó a EE. UU., a reconsiderar las sanciones contra el país, debido a que afectan intereses del pueblo sudanés y su desarrollo, generando efectos devastadores entre la población.

Como consecuencia del embargo económico contra la República de Sudán, el sector agrícola, que genera la tercera parte del PIB, ha quedado seriamente afectado. Un total de 163 empresas, la mayoría del sector petrolero, han visto alterado su funcionamiento. El sector industrial ha sido afectado de forma directa con la disminución de la producción y el despido de sus trabajadores, por no poder mantenerlos. A causa de estas medidas, Sudán perdió el 80 % de la energía para el transporte ferroviario.

El efecto de las sanciones ha provocado que instituciones especializadas en el suministro de insumos médicos se nieguen a organizar cursos en el territorio sudanés, por temor a represalias.

República Popular Democrática de Corea

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha sido sancionada desde el año 2008 por Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y otras organizaciones internacionales. Las medidas coercitivas unilaterales incluyen congelación de activos, de bienes, sanciones a personas, empresas o entidades, así como la prohibición de las exportaciones de bienes y servicios al país. El argumento principal es la supuesta financiación a programas de armas nucleares y misiles balísticos a través de la orden Ejecutiva N.º 13466, que señala a la RPDC como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior estadounidense.

Inicialmente, estas medidas iban dirigidas al ejército y a la élite política, pero desde 2016 se convirtieron en sanciones sectoriales, que afectan sensiblemente a la producción industrial.

A partir de 2017, EE. UU. profundizó las sanciones, al incluir a la RPDC en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. De esta manera, se le restringió el acceso al transporte marítimo internacional y se obstaculizó el trabajo de las organizaciones de ayuda internacionales. Esto trajo consigo que la nación asiática se encuentre aislada del mundo, lo que implica severas restricciones de bienes para la población, embargos y escasez de insumos agrícolas, médicos y sanitarios.

De acuerdo con la organización internacional Sanctions Kills, en 2018 un total de 3.968 norcoreanos, en su mayoría niños menores de cinco años, murieron debido a la escasez y los retrasos de los programas de ayuda de la ONU. Estos hechos han sido denunciados reiteradamente por China y Rusia, principales aliados comerciales de la RPDC. Ambos países han solicitado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el levantamiento de las sanciones, por motivos humanitarios.

Estado de Palestina

El Estado de Palestina ha sido sometido durante muchos años a un asedio constante por parte de Israel, lo que ha impedido su desarrollo económico y social. El conflicto entre ambas naciones se debe a la negativa de Israel a reconocer a Palestina como un Estado soberano. La prolongada crisis humanitaria y económica que afecta al pueblo palestino es producto de una agresión militar y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos e Israel.

Israel ha sancionado a Palestina con medidas económicas, financieras y en contra de personas, que afectan directamente a la población, como represalia por la iniciativa de Palestina de solicitar a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre la ocupación israelí de sus territorios. Mientras que Estados Unidos ha dictado contra Palestina medidas coercitivas unilaterales (MCU), al considerarlo como un “Estado terrorista”, lo que ha generado pérdidas económicas, pobreza, limitaciones para oportunidades de estudio y empleo a la población.

Estas acciones tomadas por Israel y EE. UU. restringen la entrada y salida de personas, así como las importaciones desde territorio palestino. De igual forma, dificultan el acceso a servicios médicos, asistencia sanitaria, tratamientos y medicinas. Las sanciones producen fallas en la distribución de combustible, lo que genera fallas en el transporte y afecta la generación de energía eléctrica.

Pese a las múltiples acciones y mediaciones internacionales para una solución efectiva del conflicto palestino-israelí, aún no se logra un acuerdo que ponga fin a un conflicto que se prolongado por décadas en ese territorio.

Grupo de expertos de la ONU han señalado que no se puede seguir ignorando el “castigo colectivo del pueblo de Gaza y las incuestionables repercusiones del bloqueo sobre los derechos humanos”, en referencia al pueblo palestino.

República Centroafricana

La República Centroafricana ha sido objeto de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte de los Estados Unidos (EE. UU.), desde el año 2014. Los conflictos internos por el poder político, el resurgir de los grupos armados en el interior y la escalada de tensiones en la capital, elevaron las presiones desde el exterior para aplicar sanciones.

Desde 2016, a pesar de contar con una misión de la ONU, la República Centroafricana ha sido severamente sancionada, lo que ha ocasionado fuertes afectaciones socioeconómicas en la población. Esto ha generado un clima político tenso, paralizando la educación y afectando los servicios públicos, en especial el sistema sanitario y las telecomunicaciones.

Las autoridades se han visto forzadas a recurrir a nuevos mecanismos económicos para obtener liquidez, mientras que la población más vulnerable recurre a la economía informal para subsistir. En este sentido, el gobierno ha buscado nuevos aliados, para satisfacer las necesidades de la población y la seguridad interna.

Debido a la presencia de Rusia en el país africano, la Unión Europea suspendió la ayuda al país, ocasionando el vaciado de las arcas del Estado y obligando al gobierno centroafricano a suspender todos los pagos corrientes en diciembre de 2022. Esto representó un duro golpe para la cadena de alimentación, al verse sancionadas empresas que importaban alimentos y medicinas.

El impacto generado por la imposición de MCU, junto con la crisis mundial, ha provocado una aceleración en los precios del arroz del 33 % y el aceite en un 25 % desde enero de 2023.

En la actualidad las reivindicaciones socioeconómicas de la población centroafricana permanecen con un clima político cada vez más tenso que no permite apaciguar la tensión y la crisis social. El acceso a la educación y a los servicios de salud es mínimo, y los resultados están empeorando, mientras que muchas personas no logran acceder de manera regular a los alimentos.