La Ley otorga al Gobierno de Venezuela facultades jurídicas para recuperar la economía y ejercer el derecho al desarrollo que tiene la nación venezolana. Las medidas que se apliquen bajo este instrumento jurídico tendrán una naturaleza excepcional, y su ejercicio está supeditado a la vigencia de dicha Ley, de acuerdo a la misma.
La Ley AB dota al Ejecutivo Nacional de herramientas para poner en práctica medidas que compensen los riesgos y daños ocasionados por las MCU y otras medidas coercitivas impuestas contra el país, recuperando el equilibrio idóneo entre la capacidad de gestión del Gobierno nacional y los retos u obstáculos que, de manera ordinaria, se imponen a éste en la administración de los recursos estatales y la consecución de los fines de interés general, principalmente aquellos dirigidos a la protección de la población.
