Definitivamente no. La Ley AB protege la propiedad que ejerce la República sobre todos los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, y su carácter de bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles, consagrados en el artículo 12 de nuestra Constitución. Además, asegura el cumplimiento de las garantías sobre el aprovechamiento en favor de la Nación de nuestros recursos estratégicos, renovables o no, conforme al artículo 302 constitucional, así como el control de los recursos y la industria de los hidrocarburos, como pauta el artículo 303 de la Constitución.
Lo que busca la Ley AB es que Venezuela pueda producir y comerciar sus hidrocarburos, y utilizar sus recursos, exportar e importar de una forma segura, comerciar su riqueza mineral, impulsar la economía digital, reactivar sectores o industrias nacionales, adaptándose al complejo entorno del bloqueo, que utiliza la extorsión económica como fórmula para la vulneración de la soberanía e independencia de los pueblos.
Con la Ley AB la legislación venezolana se adapta a una situación excepcional que le ha sido impuesta desde afuera y lo hace de forma proactiva e inteligente. Los recursos estratégicos, reservados al Estado en la norma constitucional seguirán siendo patrimonio del pueblo venezolano y garantía de su futuro.
