En diciembre de 2014, el Congreso de los EE. UU. aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” y la Orden Ejecutiva 13692 (o “Decreto Obama”) emitida el 8 de marzo de 2015, cuando se designó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE. UU”. Con ello, se empiezan a dictar formalmente medidas punitivas contra individuos, propiedades y/o activos relacionados el Gobierno Bolivariano, acciones llevadas a cabo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
A partir de ese momento, EE. UU. ha “liderado” el bloqueo económico de Venezuela dictando desde 2015 seis (7) órdenes ejecutivas adicionales (13692, 13808, 13827, 13835,13850, 13857 y 13884), con sus respectivas amplificaciones y restricciones dirigidas a personas naturales y jurídicas. Estos instrumentos jurídicos dictan la línea de acción para la política exterior del gobierno de los EE. UU. hacia Venezuela y establece la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia, adopten medidas coercitivas similares.
