El Poder Legislativo Nacional mantiene el pleno uso de sus facultades de control establecidas en la Constitución, pudiendo además integrarse al proceso de fiscalización y seguimiento de la Ley AB y a su desarrollo legislativo aguas abajo, en el marco definido por la Ley y el Plan de la Patria, mediante los mecanismos más apropiados y adecuados al entorno de agresión económica propiciado por las medidas impuestas contra Venezuela.
