Desde el año 2015, Venezuela ha sido blanco de dos leyes, siete Órdenes Ejecutivas y 438 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), solo de la OFAC contra Venezuela. Dichas MCU de “sanción” las impone de forma ilegal y unilateral los EE.UU. contra personas, empresas, buques y aeronaves. Adicionalmente más de 130 medidas administrativas, cierre de cuentas, confiscación de recursos, penalizaciones, y otras medidas restrictivas han sido aplicadas por bancos y empresas internacionales. Este conjunto ha creado una situación de bloqueo económico y financiero, que ha impactado severamente la calidad de vida y los derechos de la población venezolana. A esas medidas se agregaron persecuciones judiciales mediante expedientes criminales montados fraudulentamente, e incluso el desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente constituidos en el país, en contra de principios elementales del Derecho Público Internacional.
Ninguna otra nación ha recibido el impacto de un grupo tan extendido y profundo de sanciones en un período de cinco años. A 2022, Venezuela es el quinto país del mundo con más personas sancionadas, el quinto en empresas, el tercero en buques y el segundo en aeronaves.
