La Ley obliga al Estado a impulsar iniciativas que aseguren la inversión y la participación directa en proyectos productivos de profesionales, técnicos, científicos, mediana y pequeña empresa, grupos de organizaciones de trabajadores y del Poder Popular organizado.
La Ley busca integrar a todos los sectores económicos y sociales, sector público y privado, a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones del Poder Popular al impulso de la recuperación económica.
El Pueblo organizado en las distintas instancias establecidas en el ordenamiento jurídico nacional puede acceder a las variadas alternativas de actividades productivas y de inversión disponibles en el marco de la Ley AB y contribuir al logro de sus objetivos, al tiempo en que cimienta su propio desarrollo económico y el de la Nación.
