En diciembre de 2014 el Congreso de Estados Unidos –con apoyo bipartidista- aprobó una ley que autoriza al Ejecutivo estadounidense involucrarse en la situación interna de Venezuela bajo la excusa de “defender la democracia”.
En marzo de 2015, invocando dicha ley, el presidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13692 que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. La ley de 2014 y el Decreto Obama conforman el fundamento legal que permite al Presidente de Estados Unidos hacer todo lo que esté a su alcance para enfrentar la supuesta “amenaza” que representa Venezuela.
A partir de dichos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos ha dictado y ejecutado una serie de medidas para impedir que el Gobierno venezolano administre y gestione los activos del país, para hostigar a aliados, socios y clientes de las empresas de los sectores estratégicos de la economía nacional y para amenazar y acosar a los ciudadanos de Venezuela en cualquier parte del mundo. Cada medida está dirigida a paralizar una actividad del Estado venezolano, a asfixiar un sector específico de su economía, así como a hostigar o “castigar” a determinadas empresas o personas que tratan de desarrollar legítimamente actividades económicas en Venezuela. Para ello, el Estado agresor estudió y analizó detenidamente el funcionamiento del sector público venezolano y toda su legislación, a fin de introducir medidas que paralizaran la economía del país.
Para contrarrestar esos efectos adversos era indispensable una adecuación del marco jurídico disponible a los retos impuestos por el Gobierno norteamericano para someter la voluntad, independencia y soberanía del Pueblo venezolano. Esa adecuación la hizo posible la Ley AB.
