La ley ofrece garantías jurídicas para el estímulo y captación de inversiones, proyectos y alianzas productivas tanto en la economía interna como a nivel internacional.
Establece la flexibilidad necesaria para inaplicar normas y procedimientos de rango legal o sublegal mediante la justificación de proyectos que permitan superar los obstáculos y trabas impuestas por el bloqueo y redunden el beneficio del pueblo venezolano, cuya ejecución no es posible porque determinada medida impuesta desde el extranjero lo impide.
En general, las medidas aplicadas a Venezuela se han dirigido a sectores estratégicos de la economía nacional, al aislamiento y bloqueo financiero y comercial y al cuestionamiento y desconocimiento de la legítima institucionalidad del Estado venezolano, con la finalidad de impedir el normal desenvolvimiento de Venezuela como Estado libre y soberano.
Desde el punto de vista económico es una ley para:
1. Proteger los recursos y activos del país. Más de 40 mil millones de dólares en activos del país han sido saqueados, confiscados o congelados en el sistema financiero internacional y a través de operaciones judiciales.
2. Impulsar el comercio exterior y las exportaciones de Venezuela mediante nuevas alianzas productivas y proyectos de inversión de gran escala en todas las áreas de la economía.
3. Reimpulsar el aparato productivo interno a través de los 17 motores económicos, dentro de los objetivos sectoriales del Plan de la Patria.
4. Brindar seguridad jurídica a inversionistas nacionales e internacionales y demás actores económicos involucrados en la economía venezolana.
